La Corte Suprema de Justicia concretó la adquisición de nueve camionetas de alta gama destinadas a sus ministros, en una operación que demandó más de G. 5.161 millones de recursos públicos. La compra desató fuertes críticas debido al contraste con las graves carencias que enfrentan funcionarios y juzgados en distintos puntos del país.
Cada vehículo tuvo un costo unitario de G. 573.500.000 y la financiación se realizó con fondos correspondientes a los presupuestos generales de los años 2025 y 2026. Las unidades ya se encuentran en el estacionamiento del Poder Judicial, a la espera de los trámites administrativos para su entrega oficial.
La adquisición resulta aún más cuestionada considerando que los ministros ya disponían de vehículos oficiales asignados. Pese a ello, la renovación de la flota avanzó sin mayores objeciones dentro de la institución.
Lujo en la cúpula, precariedad en el interior
El gasto contrasta con la realidad que atraviesan los trabajadores judiciales, especialmente en el interior del país. En Paraguarí, funcionarios de la Décima Circunscripción Judicial denunciaron condiciones laborales extremas, con oficinas sin aire acondicionado y sin mantenimiento adecuado.
Los empleados deben cumplir sus funciones con vestimenta formal en jornadas donde las temperaturas rondan los 40 grados. Ante los reclamos, la respuesta institucional se limitó a pedir paciencia y autorizar cambios en el código de vestimenta, sin resolver los problemas estructurales.
Una adjudicación bajo la lupa
El proceso de compra se realizó mediante una subasta electrónica a la baja, en la que la firma Automotor fue adjudicada tras ofrecer una reducción sobre el precio referencial de G. 650 millones. La adjudicación fue ratificada por el Consejo de Superintendencia de la Corte el 11 de noviembre de 2025, y el monto final incluye impuestos y gastos del proveedor.
Malestar social y cuestionamientos en redes
La compra generó una fuerte reacción ciudadana en redes sociales, donde usuarios y funcionarios judiciales denunciaron la falta de insumos básicos en juzgados, como papel y equipamiento elemental, además del deterioro de la infraestructura edilicia.
Las críticas apuntan a una mala distribución del presupuesto y a la desconexión entre la cúpula judicial y la realidad cotidiana del sistema. Para muchos, el episodio refuerza la percepción de que los recursos públicos se destinan a privilegios, mientras la administración de justicia continúa operando con severas limitaciones.
Fuente: El Observador