El pasado 30 de mayo venció, sin anuncios ni avances visibles, la tercera fecha pactada entre Paraguay y Brasil para culminar la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú. Resulta llamativo que, siendo Paraguay el más perjudicado por el esquema vigente, haya sido precisamente su gobierno el que optó por congelar nuevamente las conversaciones. Brasil, sorprendentemente, se muestra más interesado en retomar el proceso. ¿Qué factores ocultos podrían estar motivando esta aparente contradicción?
Advertencias desde Brasil
Según informes del medio brasileño megawat Energy, Alexandre Silveira, ministro de Minas y Energía de Brasil, lanzó una advertencia durante una sesión del Consejo de Itaipú: si no se firma el nuevo acuerdo en tiempo y forma, corre riesgo la tarifa actual de USD 19,28 por kW/mes. Aunque no se precisó si se trataba de una reunión binacional o solo con representantes brasileños, el mensaje fue contundente.
Lo curioso es que el propio Silveira evitó mencionar que fue su gobierno el que promovió este precio, el cual permitió destinar más de USD 300 millones a subsidios energéticos para sectores vulnerables en Brasil. Este beneficio fue ampliamente difundido por la parte brasileña de la binacional, como un logro social.
Un acuerdo impuesto y cuestionado
La fecha del 30 de mayo había sido establecida en una reunión bilateral celebrada el 21 de febrero de 2025, como consta en las “Notas explicativas a los estados financieros” de Itaipú. El acuerdo preliminar, divulgado por Paraguay el 9 de mayo de 2024, establece la tarifa mencionada por un periodo de tres años: 2024, 2025 y 2026.
Definir esta tarifa como “impuesta” no es exagerado. Los gobiernos de Santiago Peña y Luiz Inácio Lula da Silva la incluyeron como punto central en su declaración conjunta del 11 de abril de 2024, ignorando que el Tratado establece que el precio debe reflejar el costo real del servicio eléctrico. Esta decisión no solo distorsiona los principios del acuerdo original, sino que también perjudica a los consumidores paraguayos.
Un sobreprecio injustificado
Desde febrero de 2023, Itaipú ya no arrastra la deuda por la construcción de la represa, lo que debería haber reducido notablemente el costo del servicio. Diversas fuentes estiman que la tarifa justa rondaría los USD 10 por kW/mes. Sin embargo, los mandatarios de ambos países optaron por mantener el valor de USD 19,28, que duplica esa estimación y contradice directamente el marco jurídico del Tratado.
Este precio inflado, además de violar el espíritu del acuerdo, golpea directamente las finanzas públicas de Paraguay y encarece la energía para su población.
Espionaje como excusa para frenar el diálogo
La razón oficial para la suspensión de las negociaciones fue comunicada por la Cancillería paraguaya: el país no retomará el proceso hasta que Brasil aclare una supuesta operación de inteligencia realizada en 2022. El propio gobierno de Lula reconoció el hecho, aunque atribuyó la responsabilidad a la administración de Jair Bolsonaro.
Sin embargo, cabe preguntarse si este episodio justifica frenar un proceso de renegociación que afecta de manera directa al interés nacional. Mientras tanto, Paraguay sigue sin acceso pleno al 50% de la energía que le corresponde y sin percibir un precio justo por los excedentes que cede a Brasil.
Congelamientos sucesivos y elecciones en el horizonte
Este no es el primer retraso. Las negociaciones ya se habían interrumpido el 13 de agosto de 2023 —cuando se cumplían 50 años del Tratado— y luego el 31 de diciembre de 2024, según consta en el mismo documento firmado por Peña y Lula.
Llama la atención que Brasil, que se ha beneficiado desproporcionadamente del esquema actual, sea quien más insiste en continuar con el proceso. En 40 años, Paraguay solo aprovechó cerca del 10% de toda la energía generada por la central. El resto fue a Brasil, que pagó históricamente un promedio de USD 4 por MWh, mientras que hoy el mercado regional ronda los USD 100 por MWh.
Entonces, ¿por qué Paraguay, que claramente pierde con este modelo, prefiere postergar una revisión que podría equilibrar la balanza? La única explicación plausible apunta a negociaciones ocultas, como las de 2023 y 2024, que podrían estar buscando prolongar la actual tarifa o incluso pactar una nueva sobretarifa, quizás para sostener un “presupuesto paralelo” útil en tiempos electorales. No sería la primera vez que los fondos públicos se alinean con intereses partidarios en épocas de campaña.