Las víctimas de la denominada mafia de los pagarés volvieron a concentrarse este lunes frente al Palacio de Justicia, como parte de una vigilia que ya lleva varios días. La movilización reúne a personas afectadas por embargos derivados de presuntos documentos falsificados y busca visibilizar un drama que afecta, sobre todo, a trabajadoras del sector público.
Los manifestantes fueron finalmente recibidos por el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Santander, quien escuchó los reclamos y las denuncias. Según los organizadores, muchas víctimas viajaron desde distintos puntos del país, como Encarnación, Villarrica y el Chaco.
“Venimos con una petición formal. Muchos dejaron sus trabajos, otros no pudieron porque viven al día. Pero el dolor es el mismo”, expresó Pedro Coronel, vocero de la Coordinadora de Víctimas.
Relatos de una estafa sistemática
Historias de descuentos ilegales, embargos reiterados y montos desproporcionados se repiten entre los manifestantes. En algunos casos, las víctimas aseguran no haber firmado nunca pagarés, y en otros, los montos originales se multiplican sin explicación.
Liz Riveros, docente de Encarnación, relató que enfrenta 25 embargos. “Estoy por terminar de pagar el número 23 y ya me avisaron que vienen otras 13 cuotas por otros montos. No sé quiénes son los que me demandan, nunca los conocí”, lamentó.
Desde Villarrica, Miriam Recalde, también docente, contó que fue demandada varias veces por distintas firmas y particulares. «Un pagaré por G. 2 millones se transformaba en una demanda por G. 25 millones. Nunca me notificaron nada», denunció.
Desde el Chaco, la educadora indígena Nancy Escobar expuso que fue víctima de 11 embargos. “Nunca firmé nada. A los indígenas les falsifican la firma. Cancelas uno y vuelve otro”, dijo, visiblemente afectada.
Acoso, amenazas y falta de acceso a la justicia
Además de los descuentos, muchas mujeres señalaron haber sido hostigadas con llamadas, amenazas y mensajes. Rosalina Gauto, del Guairá, dijo que por temor ni siquiera puede ingresar a la cooperativa que la embargó. “No tengo a quién acudir. Esta es la primera vez que me animo a hablar”, expresó.
La mayoría coincide en que no pueden pagar abogados ni seguir procesos judiciales. “Un profesional te cobra G. 5 millones solo para empezar. ¿De dónde vamos a sacar si nos descuentan todo?”, cuestionó Recalde.
Un sistema que perpetúa la impunidad
Las víctimas afirman que existen auditorías que prueban la existencia de esta red fraudulenta operando en juzgados de Paz. Sin embargo, los procesos judiciales avanzan lentamente o quedan estancados, mientras los embargos continúan ejecutándose.
“Queremos que paren los descuentos, que se revise todo y que los responsables paguen. Esto no es un caso aislado, es un sistema de estafa legalizada”, concluyó Coronel.
Vía: UH