El Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional se infiltró en grupos de WhatsApp, Telegram y otras plataformas digitales utilizadas por jóvenes de la llamada Generación Z para organizar la movilización del pasado 28 de septiembre, que terminó siendo reprimida por agentes antidisturbios.
Según el reporte oficial, la investigación estuvo a cargo de los comisarios Luis López, Diosnel Alarcón y Julio Cáceres, junto a un equipo de oficiales. Estos uniformados justificaron la medida alegando que buscaban prevenir posibles delitos como la incitación a la violencia o la apología del crimen.
Conversaciones interceptadas
El informe remitido al Ministerio Público señala que, dentro de los chats intervenidos, aparecieron mensajes con llamados a atacar instituciones estatales y propiedades privadas. Para la Policía, estas expresiones constituyeron una amenaza que ameritaba seguimiento.
Críticas desde el Congreso
El senador Rafael Filizzola acusó al Gobierno de usar a la Policía con fines políticos, comparando la operación con prácticas de espionaje de la dictadura de Alfredo Stroessner. “Estos agentes salieron de cacería”, afirmó en entrevista radial.
El legislador insistió en que cualquier intervención de comunicaciones privadas debe contar con autorización judicial, por lo que calificó el procedimiento de ilegal. También cuestionó que el comisario Gustavo Errecarte, a cargo del operativo, cuente con antecedentes penales, mientras que los jóvenes detenidos no tenían historial judicial.
Detenciones y denuncias
Tras la manifestación, 31 personas fueron arrestadas y trasladadas a la Agrupación Especializada. Horas después recuperaron su libertad. Varios de ellos denunciaron golpes y malos tratos durante el procedimiento policial.