Mientras los casos vinculados a la denominada mafia de los pagarés continúan acumulándose, miles de víctimas siguen padeciendo las consecuencias de un esquema de estafa que no se detiene. A pesar de la gravedad y magnitud del problema, el Estado paraguayo aún no ha dado respuestas eficaces para frenar esta red ni para reparar el daño causado.
Las críticas apuntan principalmente a la lentitud del sistema judicial, a la presunta complicidad de funcionarios públicos y a la falta de voluntad política en el Congreso. Recientemente, la Comisión Permanente no logró reunir el cuórum necesario para tratar en sesión extraordinaria los proyectos vinculados a este esquema, profundizando la sensación de abandono entre los afectados.
Pedro Coronel, vocero de la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, afirmó que el país atraviesa una situación alarmante.
“El Estado paraguayo hoy funciona como un territorio feudal, dominado por una mafia que recauda a costa de trabajadores vulnerables que pasan hambre”, sostuvo.
Coronel subrayó que detrás de los números existen historias humanas devastadoras: personas que dejan tratamientos médicos, estudiantes que abandonan sus estudios, familias que se separan y víctimas que se ven forzadas a emigrar para escapar de deudas inexistentes. Incluso se registraron casos de suicidios relacionados con la presión económica y emocional generada por los descuentos ilegales.
Una red con ramificaciones institucionales
Las denuncias señalan que el Poder Judicial es una de las instituciones más comprometidas, con indicios de participación de ujieres, actuarios y otros funcionarios en la tramitación irregular de juicios. La Comisión Especial de Investigación del Senado solicitó por tercera vez a la Corte Suprema la auditoría de 21 causas tramitadas en juzgados de Asunción, Minga Porã y Alto Paraná.
Las víctimas también impulsaron pedidos de juicio político contra los ministros César Diesel y Alberto Ramírez Simón, tras una reunión reservada con el presidente de la República y el titular del Partido Colorado.
En el ámbito del Ejecutivo y de entes públicos, salieron a la luz nombres que refuerzan las sospechas de un esquema estructurado. Entre ellos figura José Emilio Latorre Aguade, asesor externo del Banco Nacional de Fomento y presidente de Walton Capital SA, empresa señalada por monopolizar descuentos irregulares a funcionarios públicos. También se investigan las actuaciones de Zully Concepción Ortiz, quien habría utilizado bases de datos salariales del Estado para facilitar la estafa.
Un daño económico y social de gran escala
Actualmente, unas 9.350 víctimas enfrentan en promedio 12 juicios cada una, muchas veces sin conocer el estado de sus causas. Los descuentos ilegales alcanzan alrededor de G. 26.000 millones mensuales, lo que representa casi USD 50 millones al año.
Las víctimas exigen que el Estado asuma su responsabilidad y ponga fin a una red que no solo les quita ingresos y jubilaciones, sino también su estabilidad emocional, proyectos de vida y dignidad.