El concejal Luis Silva, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), se pronunció sobre el informe preliminar emitido por la Contraloría General de la República, que advierte la falta de respaldo documental por montos millonarios en la administración municipal, generando preocupación y debate a nivel local.
De acuerdo con el documento del organismo contralor, se habría identificado la ausencia de documentación que respalde operaciones por un valor aproximado de G. 21.000 millones. No obstante, el concejal aclaró que esta observación no implica necesariamente un daño patrimonial, sino que hace referencia a la falta de documentos específicos solicitados durante el proceso de fiscalización.
Silva explicó que la bancada liberal mantuvo una reunión con el intendente municipal para abordar el tema. En ese encuentro, el jefe comunal sostuvo que la Contraloría no habría podido acceder a ciertos datos en formato digital —como correos electrónicos o archivos en dispositivos externos— debido a que estos no fueron encontrados en el momento del requerimiento. Aun así, negó la existencia de irregularidades administrativas graves más allá de la ausencia documental señalada.
El edil también manifestó que, a su criterio, la situación podría estar siendo utilizada con fines políticos, considerando que la Junta Municipal ya aprobó la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2024, incluso con revisiones internas realizadas por concejales de la bancada colorada, quienes habrían solicitado copias de los documentos para su verificación.
En cuanto al procedimiento actual, Silva indicó que el intendente solicitó una prórroga para presentar los documentos faltantes. Sin embargo, dijo no poder confirmar si dichos respaldos ya fueron remitidos oficialmente al Ejecutivo antes del requerimiento de la Contraloría, ni si la comunicación formal sobre la falta de documentos fue presentada ante el organismo contralor o derivada al Ministerio Público.
Sobre las observaciones puntuales del informe preliminar, el concejal detalló que uno de los cuestionamientos apunta a pagos por obras que no contarían con códigos de contratación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Al respecto, explicó que existen obras ejecutadas bajo el régimen de menor cuantía, que permite contrataciones de hasta G. 500 millones sin necesidad de aprobación previa de la Junta Municipal. En estos casos, señaló, el intendente puede avanzar sin intervención legislativa, mientras que montos superiores sí requieren el tratamiento del órgano deliberativo.
Asimismo, aclaró que algunos procesos se desarrollan bajo modalidades de licitación cerrada, con procedimientos administrativos distintos, en los que la empresa adjudicada ejecuta la obra y posteriormente presenta la documentación correspondiente.
Otra de las observaciones del informe hace referencia a cheques cobrados que supuestamente no figurarían en planillas de órdenes de pago ni en el libro diario. Frente a esto, Silva aseguró que todos los movimientos financieros cuentan con respaldo y están debidamente asentados en los registros contables del municipio. Añadió que la administración se encuentra preparando la presentación completa de la documentación requerida y que el caso ya fue analizado por las áreas jurídica y contable de la institución.
Este pronunciamiento se da en un contexto de mayor presión fiscalizadora, ya que la Contraloría ha intensificado durante 2025 los controles sobre entidades públicas municipales y nacionales, presentando denuncias por presuntas irregularidades millonarias en varios distritos del país, según reportes oficiales del ente contralor.
Vía: RADIO GUAIRA AM 840