La huelga de choferes anunciada para este martes y miércoles se desarrollará con una adhesión limitada, ya que solo cuatro empresas de transporte comunicaron formalmente su participación dentro del plazo legal establecido. Aun así, se estima que alrededor de 100.000 usuarios del Área Metropolitana se verán afectados durante ambas jornadas.
La medida de fuerza fue ratificada por los gremios de choferes luego del fracaso de la reunión tripartita realizada entre representantes sindicales, el Ministerio de Trabajo y el Viceministerio de Transporte. Sin embargo, la falta de notificación oficial por parte de la mayoría de las empresas redujo el alcance efectivo del paro.
Líneas que no prestarán servicio
De acuerdo con el informe del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), las empresas cuyos choferes se sumarán a la huelga son las siguientes:
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Automotores Guaraní S.R.L.
Líneas: 15-1, 15-2, 15-3, 15-4 y 47 -
Transporte y Turismo Lambaré S.A.
Líneas: 23, 24 y 33 -
Transporte y Turismo Aldana S.A.
Líneas: 10, 21 y 96 -
Transporte y Turismo De la Conquista S.A.
Líneas: 8 y 31
Estas son las únicas empresas que cumplieron con la comunicación formal dentro del plazo de 72 horas, requisito indispensable para adherirse legalmente a la huelga.
Empresas que seguirán operando
En contrapartida, la Federación de Transportistas del Área Metropolitana (Fetram) informó que las empresas asociadas a su gremio no se sumarán a la medida y garantizarán la continuidad del servicio. Entre las firmas que operarán con normalidad se encuentran:
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Magno: Líneas 12, 43 y 29
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Ximex S.A.: Línea 44
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Aregüeña: Línea 111
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San Isidro: Líneas 48, 51 y 85
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Ypacaraí: Línea 242
Desde Fetram señalaron que respetan los derechos laborales de los trabajadores, pero reafirmaron su compromiso con un servicio continuo, seguro y confiable para los pasajeros. Esta postura cuenta además con el respaldo de la asociación de choferes ATP.
Controles y fiscalización
El MOPC anunció que las empresas que no comunicaron su adhesión al paro están obligadas a operar con normalidad. Para ello, el Departamento de Fiscalización y Control de la Dirección Metropolitana de Transporte desplegará operativos en puntos estratégicos, con acompañamiento de la Policía Nacional, a fin de verificar el cumplimiento del servicio.
Motivos del conflicto
El eje del reclamo sindical se centra en el proyecto de ley de reforma del transporte público, que ya fue aprobado por el Congreso y se encuentra pendiente de promulgación por parte del presidente Santiago Peña.
Los choferes cuestionan principalmente dos artículos:
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Artículo 20, que declara al transporte público como servicio imprescindible y establece que, durante una huelga, debe garantizarse al menos el 60% del servicio, lo que los gremios consideran una limitación al derecho constitucional a la protesta.
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Artículo 39, que regula la continuidad laboral cuando un nuevo operador asume una concesión y permite la absorción únicamente de trabajadores con dos años o más de antigüedad, situación que, según los sindicatos, podría derivar en despidos masivos.
