📍 Asunción, Paraguay – La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dispuso la suspensión sin goce de sueldo de las juezas de Paz Analía Cibils Miñarro y Liliana González de Bristot, quienes están siendo investigadas por su presunta vinculación con una red de estafas con pagarés.
La medida fue tomada en la sesión ordinaria de la CSJ de este miércoles, tras la solicitud del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que en su reunión extraordinaria del pasado lunes decidió iniciar el enjuiciamiento de ambas por mal desempeño de funciones.
El ministro Víctor Ríos Ojeda fue el único en votar a favor de que la suspensión fuera con goce de sueldo básico. Sin embargo, la mayoría del pleno de la Corte resolvió la suspensión sin remuneración.
Investigación y medidas adoptadas
El JEM fundamentó su decisión en auditorías de reacción inmediata realizadas en los juzgados de Paz de San Roque y La Encarnación, que detectaron graves irregularidades en juicios ejecutivos. Paralelamente, la Fiscalía ha llevado a cabo allanamientos en cinco juzgados de Paz, incautando 2.546 expedientes como parte de la investigación.
Además, el Consejo de Superintendencia de Justicia ordenó la suspensión de plazos procesales en varios juzgados de Paz hasta el 14 de marzo de 2025, mientras se desarrolla el proceso judicial.
Modus operandi de la red de fraude con pagarés
El escándalo se destapó gracias a una denuncia del abogado Jorge Rolón Luna, quien reveló que funcionarios judiciales falsificaban notificaciones de demandas de cobro de pagarés, permitiendo el embargo de salarios de las víctimas sin que estas tuvieran conocimiento del proceso.
Además, los investigadores han detectado irregularidades como la tramitación de juicios sin los documentos requeridos y el uso de acordadas dictadas por la Corte durante la pandemia para evitar la caducidad de acciones promovidas en 2023.
Plan de contingencia y próximos pasos
La CSJ está elaborando un plan de contingencia para evitar la paralización de los juicios, incluyendo la designación de jueces interinos que se encarguen de tramitar y cerrar los expedientes en los juzgados de Paz afectados.
La Fiscalía continúa con el análisis de evidencias, incluyendo los documentos incautados, para avanzar en la investigación y determinar la responsabilidad de los involucrados.
📌 Fuente: ABC