Saracho acusa al anterior presidente del Popular de ocultar pérdidas

Saracho acusa al anterior presidente del Popular de ocultar pérdidas

Afirma ante el juez que la ampliación de capital de junio de 2016 debía haber sido de 8.000 millones y no de 2.500 millones como sucedió

Emilio Saracho, el que fuera presidente del Banco Popular en el momento de su quiebra, ha acusado a su antecesor, Ángel Ron, de ocultar la situación real de la entidad, que precisaba más provisiones de las realizadas y, por lo tanto, tenía pérdidas no declaradas. Esta es la línea que también siguen los informes de los peritos del Banco de España que trabajan para el juez
que investiga la ampliación de capital de 2.500 millones en 2016 y la campaña de desprestigio que precipitó su caída en 2017.

Saracho ha declarado durante más de cinco horas ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Durante su mandato de 108 días al frente del banco se produjo presuntamente uno de los delitos que se investigan: el de manipulación del mercado, en concreto de las acciones del banco con la intención de que perdieran valor. Saracho, máximo responsable en ese momento, ha afirmado que la ampliación de capital no tenía que haber sido de 2.500 millones sino de 8.000 millones para cubrir las necesidades no atendidas, según fuentes jurídicas presentes en la declaración.

El directivo también explicó que preparaba una ampliación de capital para el 12 de julio de 2017, seis días después de que pidiera el rescate al Banco Central Europeo (BCE), pero que no pudo realizarla por las fortísimas fugas de depósitos. Esta ampliación se cifraba, según fuentes presentes en el interrogatorio, en unos 5.000 millones para reforzar la entidad.

Además, Saracho tenía un plan de vender en el mercado activos inmobiliarios dañados por otros 4.000 millones. Ninguna de las dos acciones se llevó a cabo y el Popular se hundió, dejando a 310.000 accionistas con sus acciones en cero euros. También perdieron todo los que habían comprado los bonos; en total, se perdieron 2.000 millones de capital que pasó al Santander cuando adquirió la entidad el 7 de junio de 2017 por un euro.

«Estupefacto» por las dudas internas

Según diferentes abogados presentes en el interrogatorio, Saracho declaró haberse quedado «estupefacto» al llegar al banco y preguntar a la directora de Riesgos, Carmen Riveras, por el capital que le faltaba al banco. La respuesta de la ejecutiva fue que no lo sabía, lo que causó la alarma en Saracho, según sus declaraciones.

Ante esta situación, estableció tres medidas: realizar un nuevo análisis de los créditos, retasar unos 80.000 activos y revisar los modelos internos del banco. Según ha relatado ante el juez y el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, se llevó una sorpresa porque esperaba que las retasaciones no solo no bajaran el valor de los activos, sino que incluso los subieran al estar recuperándose el mercado inmobiliario. Se encontró con que las tasaciones eran inferiores a las calculadas. También mencionó, según las fuentes consultadas, que una vez accedió al informe del Banco Central Europeo descubrió que las tasaciones no se hacían de forma adecuada. En su opinión, no hubo voluntad por parte del equipo directivo anterior de realizar las provisiones que se necesitaban para enderezar el rumbo del Popular.

El que fuera presidente del Popular durante poco más de 100 días, ha desmentido haber declarado que organizaría «una tómbola si no podía vender el banco», como afirmó Ron en el Congreso de los Diputados. Saracho no ha estado especialmente agresivo con su antecesor, según estas fuentes, pero ha dejado claro que era el responsable de la situación del Popular porque lo gestionó 12 años. También ha recordado que bajo el mandato de Ron la acción cayó un 95%.

Saracho ha desmentido que tuviera una estrategia para hundir el valor y que participara en la campaña de desprestigio de la que le acusan los accionistas y los bonistas. En este punto se ha apoyado en un informe de la CNMV que descarta la manipulación de las acciones del Popular.

Al comienzo del interrogatorio, al explicar cómo fue contactado por varias personas para que fuera presidente, Saracho ha asegurado que él no quería ser el presidente, pero que aceptó por la delicada situación de la entidad, tal y como relató en la comisión parlamentaria el año pasado.

Después de Saracho está previsto la declaración del exvicepresidente Roberto Higuera, quien está llamado día 8 de octubre, y el exconsejero delegado Francisco Gómez Martín, que deberá acudir a la sede judicial el 15 del mismo mes.

Las citaciones para el mes de octubre concluirán el 30 de octubre, turno para Ángel Ron, presidente del Banco entre los años 2006 y 2017, quien defendió todo el tiempo la situación «inmejorable» del banco y difundió una imagen de solvencia económica y patrimonial.

En 2016 el Popular llevó a cabo una ampliación de capital por 2.505 millones de euros cuyo folleto informativo, remitido a la CNMV, podría contener inexactitudes sobre la situación real de la entidad, algo que pudo llevar a engaño a los inversores. Por esa razón el consejo de administración de la entidad figura como investigado.

Asimismo, el magistrado ha previsto un intenso calendario entre los días 12 y 27 de noviembre, y después en diciembre, con una decena de exconsejeros que estuvieron al frente de los consejos de administración de también en esta causa.

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