La resolución de una entidad bancaria, millonarios recursos públicos comprometidos, 27 imputados, denuncias de presunta corrupción y una ofensiva parlamentaria contra el presidente de la República marcaron cuatro días de incertidumbre financiera y tensión política en Paraguay.
ASUNCIÓN, 5 DE NOVIEMBRE DE 2026. — Lo que comenzó como una crisis de solvencia en ueno bank terminó convirtiéndose en un conflicto de alcance nacional que sacudió al sistema financiero, puso bajo cuestionamiento a organismos de control y colocó al presidente Santiago Peña ante uno de los momentos más delicados de su administración.
En menos de 78 horas, Paraguay pasó de conocer la resolución de una entidad bancaria a presenciar investigaciones penales contra sus directivos, cuestionamientos sobre la utilización de fondos jubilatorios y el tratamiento de un pedido de juicio político contra el jefe de Estado.
La controversia abrió interrogantes sobre la supervisión bancaria, la seguridad de los depósitos y la relación entre el poder político y determinados grupos empresariales.
2 DE NOVIEMBRE: LA DECISIÓN QUE DESENCADENÓ LA CRISIS
El lunes 2 de noviembre, el Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) resolvió iniciar el procedimiento de resolución de ueno bank, una medida extraordinaria adoptada después de detectarse un grave deterioro en sus indicadores financieros.
Según el comunicado oficial difundido al día siguiente, los ajustes realizados a los estados financieros de la entidad revelaron que su índice de solvencia se encontraba por debajo del 50% del mínimo exigido por la normativa.
El BCP explicó que la decisión buscaba proteger a los depositantes y conducir una salida ordenada, evitando consecuencias mayores para el sistema financiero.
Sin embargo, la noticia provocó preocupación entre ahorristas, trabajadores y organismos públicos que mantenían recursos en la institución.
El organismo regulador sostuvo que se trataba de una situación particular de ueno bank y no de una condición generalizada del sistema bancario paraguayo.
FONDOS DEL IPS Y MILLONARIOS DEPÓSITOS ESTATALES BAJO LA LUPA
Uno de los aspectos más sensibles de la crisis fue la exposición de recursos pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS) y otras instituciones públicas.
Según la documentación presentada por legisladores opositores, las colocaciones del IPS en ueno bank llegaron a aproximadamente G. 2,2 billones, mediante certificados de depósito de ahorro y otros instrumentos financieros.
Los denunciantes sostienen que esa concentración habría superado los límites legales de inversión por entidad y cuestionan las modificaciones realizadas a los criterios internos de evaluación de riesgos.
La información incorporada a la denuncia también señala que, al 30 de septiembre de 2026, ueno bank concentraba G. 3,6 billones en depósitos públicos en moneda nacional y USD 233,4 millones en moneda extranjera.
Estas cifras corresponden a montos depositados y no deben interpretarse automáticamente como pérdidas definitivas para el Estado.
El interrogante central es cuánto dinero podrá recuperarse mediante el procedimiento de resolución y si las decisiones de inversión se adoptaron respetando las exigencias legales.
4 DE NOVIEMBRE: 27 IMPUTADOS Y SOSPECHAS DE MANIOBRAS FINANCIERAS
La crisis adquirió dimensión penal cuando el Ministerio Público avanzó contra directivos y personas vinculadas a operaciones del banco.
El miércoles 4 de noviembre, el juez Humberto Otazú admitió la imputación contra Miguel Vázquez y otras 26 personas por presuntos hechos punibles relacionados con operaciones financieras irregulares.
Entre las figuras investigadas se encuentran lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en situación de crisis y violación de obligaciones relacionadas con los registros comerciales.
La investigación fiscal apunta, entre otros aspectos, a una supuesta venta simulada de créditos mediante empresas vinculadas.
Según la hipótesis del Ministerio Público, determinadas operaciones habrían utilizado recursos provenientes del propio banco para aparentar una transferencia de cartera, ocultando problemas en la situación patrimonial de la entidad.
Los investigadores deberán establecer la participación de cada imputado y determinar si existieron maniobras destinadas a disimular pérdidas o el verdadero estado financiero de la institución.
Las imputaciones no constituyen condenas y los procesados conservan sus garantías constitucionales.
EL CONFLICTO LLEGA AL CORAZÓN DEL PODER POLÍTICO
Mientras avanzaban las diligencias judiciales, la crisis bancaria comenzó a comprometer políticamente al presidente Santiago Peña.
Los cuestionamientos se centraron en sus anteriores relaciones patrimoniales con empresas del grupo Ueno, las decisiones adoptadas durante su administración y el papel de autoridades designadas en instituciones responsables de la supervisión financiera.
Un bloque de legisladores presentó un libelo acusatorio por presunto mal desempeño de funciones, conforme al artículo 225 de la Constitución Nacional.
El documento desarrolla cinco ejes: posibles conflictos de intereses, concentración de fondos previsionales, presuntas irregularidades regulatorias, cuestionamientos sobre el patrimonio del mandatario y afectación de la confianza en el sistema financiero.
La acusación sostiene que determinadas decisiones del Gobierno habrían favorecido al conglomerado financiero.
Sin embargo, estos señalamientos constituyen argumentos de los legisladores y su veracidad deberá ser evaluada por las instancias correspondientes.
5 DE NOVIEMBRE: PEDIDO DE RENUNCIA Y DEBATE SOBRE JUICIO POLÍTICO
La tensión política alcanzó un nuevo nivel este jueves cuando el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, pidió públicamente la renuncia de Santiago Peña y expresó su respaldo a un eventual juicio político.
El pronunciamiento reflejó el distanciamiento de sectores del propio Partido Colorado respecto del mandatario.
Durante la discusión parlamentaria, el diputado independiente Raúl Benítez también lanzó fuertes acusaciones y sostuvo que el presidente debería enfrentar a la Justicia por su presunta participación en las irregularidades denunciadas.
La Cámara de Diputados fue convocada a sesiones extraordinarias para tratar los pedidos de juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.
Los procedimientos requieren las mayorías establecidas por la Constitución. Una eventual aprobación de la acusación en Diputados trasladaría el juzgamiento al Senado.
Paralelamente, circularon versiones sobre una posible renuncia presidencial. Aunque Núñez hizo referencia a conversaciones relacionadas con esa posibilidad, al cierre de esta actualización no se había confirmado formalmente la dimisión del mandatario. La Presidencia había rechazado rumores similares durante la noche anterior.
NUEVA DENUNCIA PENAL CONTRA SANTIAGO PEÑA
En medio del debate político, senadores y diputados opositores ampliaron una denuncia penal contra el presidente y solicitaron investigar posibles hechos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio.
La presentación también apunta a actuaciones de autoridades del BCP y responsables de instituciones públicas que depositaron recursos en ueno bank.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, confirmó que el escrito fue remitido a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción para su evaluación.
La remisión no significa que los hechos denunciados se encuentren comprobados ni equivale a una imputación contra el presidente.
AHORRISTAS Y TRABAJADORES EN MEDIO DE LA INCERTIDUMBRE
Más allá de la confrontación política, las consecuencias de la crisis alcanzan a personas que necesitan acceder a sus ahorros, cobrar salarios o conocer el futuro de sus inversiones.
El Banco Central habilitó información sobre el procedimiento de resolución y las garantías aplicables a los depósitos.
El sistema contempla una cobertura de hasta G. 228.300.000 por depositante y entidad, conforme a las condiciones legales vigentes.
El 4 de noviembre, el BCP también informó sobre intermitencias en aplicaciones de entidades bancarias, atribuidas a una demanda inusual asociada con la apertura de nuevas cuentas.
Este jueves, el equipo interventor comunicó que realiza gestiones para atender las obligaciones laborales pendientes con funcionarios de ueno bank.
La prioridad institucional es establecer mecanismos claros para proteger a los afectados y reducir la incertidumbre.
UNA CRISIS QUE PONE A PRUEBA A LAS INSTITUCIONES
Los acontecimientos de los últimos cuatro días dejan al Paraguay frente a tres desafíos simultáneos: resolver la situación financiera de ueno bank, determinar las responsabilidades por las operaciones investigadas y garantizar la estabilidad institucional ante el proceso político que enfrenta el presidente.
La investigación también deberá esclarecer si existieron fallas de supervisión, conflictos de intereses o decisiones que comprometieron indebidamente recursos de los trabajadores y del Estado.
La crisis de una entidad bancaria no demuestra por sí sola el colapso del sistema financiero nacional. Sin embargo, la magnitud de los fondos involucrados y la participación de altas autoridades en las denuncias han convertido el caso en un asunto de interés público excepcional.
La pregunta que queda abierta ya no es únicamente qué ocurrió dentro de ueno bank, sino cómo funcionaron los mecanismos de control que debían proteger los recursos de los paraguayos.
Mientras la Justicia investiga y el Congreso debate el futuro del mandatario, miles de ciudadanos esperan respuestas concretas sobre la recuperación de sus fondos y la responsabilidad de quienes tomaron las decisiones.
El desenlace financiero, penal y político permanece abierto.
Fuentes consultadas: Comunicados oficiales del Banco Central del Paraguay; publicaciones de Última Hora y ABC Color; información sobre actuaciones del Ministerio Público y la Cámara de Diputados.
Actualización: jueves 5 de noviembre de 2026. Nota en desarrollo.