El aumento del 5% del salario mínimo, establecido por el Poder Ejecutivo, recibió cuestionamientos de diferentes sectores. Los empresarios advierten posibles efectos sobre la inversión y la competitividad, mientras que los trabajadores consideran que el incremento no compensa la pérdida del poder adquisitivo.
El reajuste del salario mínimo legal dispuesto mediante el Decreto N.º 6225 generó una fuerte reacción de gremios empresariales y organizaciones sindicales. La medida establece un incremento del 5% y eleva el salario mínimo a G. 3.044.000 desde el 1 de julio, lo que representa una suba de G. 144.952.
Empresarios cuestionan el mecanismo aplicado
Representantes del sector privado señalaron que su principal preocupación no se relaciona únicamente con el porcentaje aprobado, sino con la decisión de fijarlo por decreto y por encima de la referencia técnica de inflación.
Desde la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay indicaron que este tipo de medidas puede reducir la previsibilidad que necesitan las empresas para organizar sus inversiones, costos y operaciones a mediano y largo plazo.
📊 El Índice de Precios al Consumidor interanual se ubicó en 2,4%, mientras que el Ejecutivo resolvió aplicar una suba del 5%.
Los gremios empresariales sostienen que esta diferencia obligará a revisar las estructuras de costos y podría afectar la competitividad del país. También señalan que el impacto no se limitará al salario mensual, ya que alcanzará conceptos como aguinaldos, indemnizaciones y aportes al Instituto de Previsión Social.
Representantes de la Federación de Mipymes, Feprinco y del sector importador también cuestionaron la manera en que se comunicó la decisión y reclamaron mayor respeto a los mecanismos técnicos y jurídicos establecidos.
Trabajadores califican el aumento como insuficiente
Las centrales obreras también rechazaron el reajuste, aunque por motivos diferentes. Según sus representantes, el aumento de G. 144.952 no permite recuperar la pérdida del poder adquisitivo ni responde a las necesidades actuales de las familias trabajadoras.
Dirigentes sindicales afirmaron que el sector había solicitado un incremento considerablemente mayor y consideran que todavía existe una diferencia cercana a G. 500.000 para alcanzar una remuneración acorde al costo de vida.
⚠️ Ante este escenario, las organizaciones obreras analizan la realización de un congreso unitario para definir nuevas medidas de protesta, entre ellas una posible huelga general.
También evalúan presentar una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo y promover una iniciativa legislativa que permita modificar la fórmula utilizada para calcular futuros reajustes salariales.
Una decisión cuestionada por ambos sectores
Aunque empresarios y trabajadores presentan argumentos diferentes, ambos coinciden en que el aumento del 5% no resuelve completamente las dificultades existentes.
Mientras el sector privado reclama previsibilidad, seguridad jurídica y criterios técnicos, las centrales obreras exigen un salario que refleje de manera más realista el costo de la canasta básica y la pérdida del poder de compra.