Trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza SA (Clyfsa) se movilizaron este miércoles en Villarrica para solicitar respaldo institucional y político ante el conflicto que mantiene la empresa con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), luego de un fallo judicial que obliga a la firma a pagar más de G. 65.000 millones por diferencias tarifarias acumuladas. Los empleados advierten sobre el riesgo de quiebra de la compañía y la pérdida de puestos laborales, mientras el caso se encuentra actualmente en análisis en la Corte Suprema de Justicia.
La movilización comenzó frente al Palacio de Justicia, continuó hasta la sede de la Gobernación del Guairá y finalizó en la Municipalidad de Villarrica. Durante el recorrido, los trabajadores pidieron la intervención de autoridades locales y departamentales ante la incertidumbre que atraviesa la empresa, responsable de la distribución de energía eléctrica en la capital del Guairá.
“Sabemos que la solución está en manos de la Corte Suprema de Justicia, pero también pedimos que nuestras autoridades se manifiesten y defiendan lo que es de Villarrica”,
expresó Nidia Portillo, empleada de la compañía. La trabajadora también advirtió sobre el impacto social que podría generar el conflicto, señalando que Clyfsa genera más de 200 empleos directos y alrededor de 1.700 indirectos, además de abastecer a cerca de 18.000 usuarios en la ciudad.
El intendente de Villarrica se reunió con los manifestantes y afirmó haber sido testigo de una persecución sostenida contra la empresa. Según indicó, en varias ocasiones legisladores solicitaron informes a la Municipalidad sobre la situación de Clyfsa. “Siempre respondimos y defendimos a Clyfsa con la verdad”, sostuvo. Asimismo, recordó que en 2013 la comuna renovó el contrato con la firma por un periodo de 20 años y reclamó que dicho acuerdo sea respetado.
En tanto, el gobernador de Guairá, César Sosa (ANR), no se encontraba en la sede gubernamental. La comitiva fue recibida por el presidente de la Junta Departamental, Rubén Fanego (ANR), quien manifestó su disposición para gestionar un acercamiento con autoridades nacionales. “Si puedo ser un nexo para ayudar a solucionar el problema, tanto a nivel departamental como en la capital, lo voy a hacer”, afirmó.
Fallo judicial y escenario actual
La disputa entre Clyfsa y la ANDE se remonta al año 2017, cuando se modificó el esquema tarifario vigente. La empresa compra energía a la ANDE para luego distribuirla a los usuarios de Villarrica. Según sostiene la firma, el cambio implicó un aumento del 94% en el costo de adquisición.
Ante esta situación, la empresa promovió un recurso de amparo que permitió congelar las tarifas, argumentando que el nuevo esquema resultaba insostenible y ponía en riesgo la continuidad del servicio.
Desde Clyfsa también señalan que la ANDE vulneró disposiciones contractuales al recategorizar a la empresa como consumidor en alta tensión, pese a que históricamente su rol ha sido el de distribuidora de energía, lo que habría generado un fuerte desbalance económico.
El conflicto derivó en un proceso judicial que, en primera instancia, ordenó la aplicación de la tarifa vigente sin reconocer la deuda reclamada. Sin embargo, en segunda instancia el Tribunal de Apelación habilitó el cobro de las diferencias tarifarias acumuladas, por lo que la empresa decidió llevar el caso ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Mientras tanto, crece la preocupación entre los trabajadores ante la posibilidad de que la empresa no pueda afrontar el pago exigido. “Nuestro lugar de trabajo está en peligro. Necesitamos el apoyo de nuestras autoridades y de la ciudadanía. Clyfsa está por cumplir 73 años y no puede ser que, por problemas políticos, quieran quitar lo que es de Villarrica”, expresó Nidia Portillo durante la movilización.
Desde la empresa advierten que, además del impacto laboral, el conflicto podría generar consecuencias más amplias para la ciudad. Entre los escenarios mencionados se encuentra un eventual cobro retroactivo y la posibilidad de modificar el modelo de distribución eléctrica, pasando a depender exclusivamente del sistema centralizado de la ANDE.